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02-10-2018   -   En Destacados

Una nueva denuncia contra el clan Zacarías fue presentada este martes ante la Fiscalía. Esta vez incluye al ex canciller Eladio Loizaga. El escrito está firmado por los abogados Yolanda Paredes, esposa de Payo Cubas, y Nicolás Russo.

La denuncia por enriquecimiento ilícito fue presentada contra Sandra MacLeod, Javier Zacarías Irún, Rocío Abed y Justo Zacarías Irún.
Una denuncia ampliada contra la intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod de Zacarías; el senador Javier Zacarías Irún, alias Nene; el hijo de la pareja, Javier Zacarías McLeod; la diputada Rocío Abed de Zacarías y su esposo, el diputado Justo Zacarías Irún, así como contra el ex canciller Eladio Loizaga y otras personas innominadas, fue presentada este martes en el Ministerio Público.

El escrito fue entregado por los abogados Yolanda Paredes, esposa del senador Paraguayo Payo Cubas, y Nicolás Russo Manfredo, donde denuncia al clan Zacarías por hechos punibles de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, asociación criminal y lavado de dinero.

De acuerdo con la acusación, el Ministerio de Relaciones Exteriores otorgó este año pasaporte diplomático al hijo del senador colorado Javier Zacarías Irún, quien en redes sociales ostenta su costosa ropa y demás accesorios. Recuerda que, cuando se concedió el pasaporte diplomático al hijo de la intendenta de Ciudad del Este, fue firmado por el entonces canciller Eladio Loizaga, tras un pedido realizado por el presidente de la Cámara de Senadores, Silvio Ovelar.   En el escrito también se denuncia por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y asociación criminal a la familia Zacarías-McLeod, atendiendo a que son todos autoridades y funcionarios públicos vinculados con el Estado paraguayo, a excepción del hijo de la pareja, que reside en Londres, Inglaterra, donde empezó a estudiar en una de las universidades más prestigiosas del Reino Unido. "Nadie puede explicar cómo los padres de Javier Zacarías McLeod sufragan esos gastos, que incluyen compras de ropas con valor millonario, relojes de G. 63 millones, etc, en atención a que desde aproximadamente 20 años ejercen funciones públicas manejando la intendencia municipal de Ciudad del Este o fungiendo el cargo de diputado o senador. Ni juntando todos sus mandatos en esas instituciones, nunca podrían aguantar o pagar semejantes millonarios gastos", agrega la acusación. También solicitan a la Fiscalía la investigación de la existencia de "lujosos dúplex situados en la calle Antequera y Paraguarí sobre Segunda Proyectada, pleno barrio San Roque de Asunción, donde anteriormente existía una vivienda normal de clase media baja, en la que residía la señora Rocío Abed de Zacarías, funcionaria pública del Estado y actual diputada en ejercicio, cónyuge del diputado Justo Zacarías". Asimismo, refiere que el clan Zacarías tendría varios edificios y apartamentos en Ciudad del Este y otras ciudades, que también deben ser investigadas y que están figurando con testaferros. Otra parte de la denuncia refiere que los diputados Justo Zacarías y Rocío Abed pusieron G. 1.000 millones cada uno para formar Gaia SA en 2010. Agrega que una de sus socias fue beneficiada después con millonarios contratos en la Gobernación de Alto Paraná. Recuerda que, al momento de la constitución de la empresa, Justo Zacarías era diputado por Alto Paraná, con un salario de G. 24.248.100. Entretanto, Rocío Abed era funcionaria del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN), con antigüedad desde 1994. Refiere que, en el 2017, el salario de la legisladora era de G. 7.600.000.

Piden que no esté Guerrero

El escrito presentado peticiona expresamente que el fiscal Leonardi Guerrero "no sea designado por ningún caso en esta denuncia, porque tenemos información confidencial que el mismo 'ya fue hablado' por el clan Zacarías para buscar el blanqueamiento de sus presumibles actos ilícitos". Denuncia igualmente que los fiscales de Ciudad del Este, en su mayoría y con contadas excepciones, están "infeccionados políticamente" por el clan Zacarías Irún, y como la denuncia afecta también directamente a los mismos, corresponde impetrar (rogar) las diligencias de rigor ante las unidades especializadas en la lucha contra la corrupción de la ciudad de Asunción. Finalmente, solicita el desafuero de los denunciados con la imputación de rigor y la aplicación de medidas restrictivas de libertad ante la gravedad de los hechos de los que se les acusa.    

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